Maricarmen y el espejo que el PP no quiere poner delante del Gobierno

Hay imágenes que, de repente, consiguen condensar un problema que durante años hemos convertido en estadísticas, porcentajes, informes y debates parlamentarios. El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, en silla de ruedas y expulsada de la vivienda en la que había vivido durante más de siete décadas, es una de esas imágenes. Su caso ha vuelto a colocar la vivienda en el centro de la discusión política española y ha permitido al Gobierno recuperar un terreno narrativo que parecía haber perdido: el de presentar el problema como una confrontación entre quienes quieren proteger a los ciudadanos vulnerables y quienes, de una manera u otra, se oponen a hacerlo. El Ejecutivo ha aprovechado inmediatamente el caso para señalar al Partido Popular y a Vox, recordando que ambos, junto con Junts, votaron en febrero contra un decreto que incluía la prórroga de la suspensión de determinados desahucios de familias vulnerables. Y ahí aparece la verdadera paradoja: el Gobierno tiene un relato, discutible y sujeto a matizaciones, pero perfectamente reconocible; el Partido Popular tiene argumentos, datos y responsabilidades políticas que poner encima de la mesa, pero no parece haber conseguido convertirlos en un relato alternativo suficientemente nítido.

Y entonces me hago una pregunta muy sencilla: ¿quién va a ir a la acampada de la Puerta del Sol a explicar todo esto? ¿Quién va a acercarse a quienes, indignados por lo sucedido a Maricarmen, se concentren allí para decirles que el problema de la vivienda no se puede explicar simplemente diciendo que existen unos fondos de inversión que se quedan con las casas de los españoles? ¿Quién les va a contar que aproximadamente el 92% de las viviendas están en manos de particulares y que ese 8% que está en manos de personas jurídicas no equivale, ni mucho menos, a fondos de inversión? ¿Quién va a explicar que Cataluña registra más desahucios que Madrid y que, por tanto, el problema no puede reducirse a una supuesta consecuencia de las políticas de Isabel Díaz Ayuso? ¿Quién va a poner delante del Gobierno el espejo de sus propias contradicciones? ¿Quién va a recordar que la propia ministra de Vivienda es propietaria de tres viviendas, además de plazas de garaje y trasteros, o que otros miembros del Ejecutivo poseen también varias propiedades? Y, sobre todo, ¿quién va a explicar que una política de vivienda seria no puede construirse sobre la idea de que todo propietario es un especulador y todo inquilino es necesariamente una víctima? Esa es la pregunta que, en mi opinión, debería estar haciéndose hoy el Partido Popular. Porque la política también consiste en estar allí donde se construye el relato, y si el PP no está en esa Puerta del Sol —metafórica o literalmente— explicando su versión de los hechos, alguien ocupará ese espacio y contará la historia por él.

Porque el primer dato que debería formar parte de cualquier conversación seria sobre la vivienda en España es precisamente el de quién posee las viviendas. Se ha instalado en el debate público una imagen según la cual los grandes fondos de inversión son los principales propietarios del parque residencial español y, por tanto, los grandes responsables del problema. Sin embargo, las cifras requieren bastante más precisión. En torno al 92% del parque residencial está en manos de particulares y alrededor del 8% está en manos de personas jurídicas, un concepto mucho más amplio que el de los fondos de inversión e incluye empresas, socimis, entidades financieras y otras sociedades. La propia información reciente que recoge datos del Banco de España sitúa en torno al 8% la vivienda propiedad de personas jurídicas, mientras que estimaciones sobre la presencia estrictamente institucional —fondos, socimis y otros inversores institucionales— la sitúan en torno al 5% del parque de alquiler. Esto no significa que los fondos no tengan importancia ni que determinadas operaciones inmobiliarias no puedan producir consecuencias sociales graves; significa algo bastante más sencillo: reducir el problema de la vivienda española a una lucha entre ciudadanos indefensos y fondos de inversión es una simplificación que no resiste bien el contraste con los datos.

Y aquí es donde aparece una segunda cuestión incómoda para el Gobierno. Mientras desde determinados sectores del Ejecutivo se habla reiteradamente de especulación, de grandes tenedores y de fondos de inversión como protagonistas del problema, las propias declaraciones patrimoniales de los miembros del Gobierno ofrecen una imagen bastante más compleja de la relación de nuestros dirigentes con la propiedad inmobiliaria. En 2024, un análisis de las declaraciones de bienes de los ministros señalaba que siete miembros del Gobierno declaraban conjuntamente 24 viviendas. Entre ellos, el entonces ministro Óscar López figuraba con cuatro viviendas y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, con tres. En el caso de Isabel Rodríguez, la información patrimonial publicada posteriormente recoge tres viviendas, dos plazas de aparcamiento y dos trasteros, además de las correspondientes participaciones y cargas hipotecarias. Naturalmente, tener viviendas en propiedad no constituye por sí mismo ninguna irregularidad, ni permite deducir de una declaración patrimonial cuáles son las políticas que una persona debe defender. Pero sí plantea una cuestión política legítima: cuando se habla de vivienda y de propietarios, ¿por qué el debate público parece establecer categorías morales distintas según quién sea el propietario?

Maricarmen ha puesto además delante del país una contradicción territorial que tampoco debería pasar inadvertida. Su desahucio se ha producido en Madrid, una comunidad gobernada por el Partido Popular, y eso ha permitido al Gobierno convertir el caso en un conflicto político con la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Pero si queremos hablar de los desahucios en términos objetivos, los datos del Consejo General del Poder Judicial obligan a ampliar considerablemente el foco. En 2024 se practicaron en España 27.564 lanzamientos y Cataluña fue la comunidad con mayor número, con 7.381, frente a los 2.375 de la Comunidad de Madrid. En el primer trimestre de 2026, Cataluña volvió a encabezar los lanzamientos, con 921, frente a 582 en Madrid. Es decir, el problema no puede ser presentado exclusivamente como un problema de Madrid ni como una consecuencia directa de las políticas de una determinada administración autonómica. La vivienda es una cuestión nacional, con competencias repartidas entre Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos, y los datos muestran que la realidad territorial es mucho más compleja que el relato político construido alrededor de un caso concreto.

Pero precisamente por eso resulta sorprendente la dificultad del Partido Popular para aprovechar políticamente —en el sentido más legítimo de la palabra— una situación que le ofrece una enorme cantidad de elementos para plantear un debate alternativo. No se trata de convertir a Maricarmen en un arma partidista, ni de utilizar su desgracia para hacer propaganda, sino de preguntarse por qué el Gobierno puede presentar el caso como la demostración de un supuesto fracaso de la derecha mientras la oposición parece limitarse, en buena medida, a contestar que el decreto no habría solucionado este caso concreto. Cuca Gamarra ha defendido precisamente ese argumento y ha señalado que el decreto rechazado en el Congreso no habría evitado el desahucio porque el contrato de Maricarmen se encontraba sujeto a un régimen anterior. El argumento jurídico puede ser relevante, pero políticamente se queda corto. Una oposición eficaz no debería limitarse a explicar por qué una medida del Gobierno no funciona; debería explicar cuál es el diagnóstico alternativo, qué medidas propone, quién debe aplicarlas, cuánto cuestan, qué efectos pueden producir y, sobre todo, cómo piensa resolver el problema de fondo.

Porque el Gobierno está haciendo algo que en política resulta elemental y que la oposición debería entender perfectamente: está intentando convertir una tragedia individual en una explicación general del problema. Pedro Sánchez ha presentado el desahucio como una tragedia social y ha anunciado la intención de llevar de nuevo al Consejo de Ministros un real decreto de vivienda con medidas antidesahucios. La ministra Isabel Rodríguez, por su parte, ha defendido que una decisión diferente de los grupos parlamentarios en las votaciones anteriores podría haber evitado situaciones como ésta. Y el Gobierno ha encontrado así un marco sencillo: hay una mujer vulnerable que ha perdido su casa, hay una propiedad vinculada a una empresa inmobiliaria y hay una oposición que votó contra determinadas medidas de protección. El relato cabe en una frase y, precisamente por eso, funciona políticamente.

El problema para el Gobierno es que ese relato también tiene una segunda mitad que rara vez aparece con la misma intensidad en sus intervenciones: el decreto no depende exclusivamente del Partido Popular. El Ejecutivo necesita una mayoría parlamentaria y sus propios socios de investidura mantienen posiciones diferentes sobre cuestiones esenciales de la política de vivienda. Junts, PNV, ERC, Bildu, Podemos y Sumar no tienen necesariamente las mismas prioridades ni las mismas posiciones sobre la regulación de los alquileres, la ley del suelo, los incentivos fiscales, las competencias autonómicas o las medidas contra los desahucios. De hecho, el decreto que el Gobierno pretendía aprobar antes del verano fue retrasado precisamente por la falta de apoyos suficientes y por las discrepancias entre sus socios. Ahora, después del caso de Maricarmen, el Ejecutivo intenta reconstruir ese acuerdo y Junts ha vuelto a negociar sus condiciones. Por eso resulta demasiado sencillo afirmar que si una determinada norma no sale adelante es exclusivamente porque “la derecha y la ultraderecha” se oponen. La realidad parlamentaria es bastante más compleja: una mayoría gubernamental debe ser capaz de construir los apoyos necesarios entre sus propios socios y, cuando esos apoyos no existen, la responsabilidad de negociar y alcanzar acuerdos también forma parte del ejercicio del Gobierno.

Y aquí es donde echo de menos un verdadero debate político sobre la vivienda. No un intercambio de acusaciones, sino una discusión adulta sobre qué ha ocurrido en España para que acceder a una vivienda se haya convertido en uno de los principales problemas sociales; sobre por qué durante décadas se ha construido menos vivienda de la que demandaban determinadas zonas; sobre qué consecuencias han tenido las políticas de suelo; sobre qué papel deben desempeñar los fondos y los inversores institucionales; sobre qué papel desempeña el pequeño propietario; sobre la vivienda turística y el alquiler de temporada; sobre la vivienda pública; sobre la fiscalidad; sobre la seguridad jurídica; sobre las competencias autonómicas y municipales; y, sobre todo, sobre cómo se protege a una persona vulnerable sin trasladar automáticamente todo el coste de esa protección a otro ciudadano que puede ser también un pequeño propietario. Ese es el debate que Maricarmen debería haber provocado. Y, sin embargo, corremos el riesgo de que su tragedia termine reducida a otro episodio de la eterna batalla entre bloques políticos.

El Partido Popular tiene aquí una oportunidad que, por ahora, no parece estar aprovechando plenamente. No porque deba utilizar el caso de Maricarmen para atacar al Gobierno, sino porque debería utilizarlo para obligar al Gobierno a mirarse en el espejo. Si la vivienda es una emergencia nacional, entonces la responsabilidad no puede atribuirse únicamente a Madrid, a los fondos, a los propietarios, a los jueces, a la oposición o a una ley concreta. El Gobierno de España lleva años gobernando y dispone de instrumentos legislativos, presupuestarios y fiscales de enorme importancia. Al mismo tiempo, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen competencias decisivas. Y el Congreso, finalmente, refleja una pluralidad política en la que los socios que sostienen al Ejecutivo tienen también capacidad para condicionar sus decisiones. Convertir todo eso en una historia en la que solamente existe un culpable —la derecha— puede resultar políticamente eficaz durante unos días, pero difícilmente explica la complejidad real del problema.

El espejo debería servir para todos. Para el Gobierno, porque después de años de políticas de vivienda debe explicar por qué el problema continúa siendo tan grave y por qué necesita ahora nuevas medidas que no consiguió aprobar cuando pretendía hacerlo. Para sus socios parlamentarios, porque también deben explicar qué condiciones están poniendo sobre la mesa y por qué unas medidas son aceptables para ellos y otras no. Para las comunidades autónomas, porque son protagonistas esenciales de la política de vivienda. Para los ayuntamientos, porque también disponen de instrumentos urbanísticos y sociales fundamentales. Y para el Partido Popular, porque gobernar la oposición no consiste únicamente en señalar las contradicciones del adversario: consiste también en construir un discurso propio, reconocible y creíble sobre el problema que pretende resolver.

Maricarmen no debería convertirse en el rostro de una guerra política. Debería convertirse en el rostro de una pregunta mucho más incómoda: ¿cómo puede un país con un parque residencial de millones de viviendas llegar a una situación en la que una mujer de 87 años puede perder la casa en la que ha vivido durante 71 años sin que ninguna de las administraciones implicadas sea capaz de ofrecer una solución que todas consideren aceptable? Esa pregunta no tiene una respuesta sencilla, y precisamente por eso merece algo más que consignas. Merece datos, responsabilidad y una política de vivienda que deje de buscar culpables absolutos y empiece a explicar, con honestidad, qué se puede hacer, quién debe hacerlo y quién está dispuesto a asumir el coste de hacerlo.

Porque al final el problema del PP no es solamente que le falte un relato frente al Gobierno. El problema es que, si no construye uno propio basado en datos y propuestas, permitirá que sea el Gobierno quien decida cuál es el relato de la vivienda y quiénes son sus responsables. Y entonces, paradójicamente, el espejo seguirá estando delante de todos, pero solo uno de los bloques políticos parecerá dispuesto a decidir qué imagen quiere que veamos en él.